El pacto con los Chapitos: la acusación de EU que sacude a Sinaloa y a Rubén Rocha
La justicia de Estados Unidos puso el dedo en la llaga: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios de sus hombres de confianza están formalmente acusados de tejer una alianza con la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa para ganar la gubernatura en 2021 y, a cambio, entregarles el control de las calles y las instituciones.
El documento presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York no es un rumor ni un chisme de pasillo. Es una acusación formal que describe, con lujo de detalle, cómo el actual mandatario estatal habría pactado con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán para asegurar su triunfo electoral, a cambio de protección y libertad de operación para el crimen organizado.
¿Qué le reclama la justicia de Estados Unidos a Rubén Rocha?
Según la acusación, los líderes de los “Chapitos” ordenaron a sus operadores robar urnas con votos que favorecían a Rocha Moya y amedrentar a candidatos de la oposición. Y el entonces candidato, hoy gobernador, no se quedó cruzado de brazos: habría asistido a reuniones con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, bajo la protección de sicarios armados, para sellar el acuerdo.
El pacto era simple y terrible: los “Chapitos” le garantizaban la victoria electoral, y Rocha Moya, ya en el poder, colocaría a funcionarios afines al cártel en puestos de autoridad y les daría luz verde para sus operaciones.
La red de complicidades dentro del gobierno de Sinaloa
La acusación no se queda solo en el gobernador. También salpica a varios de sus colaboradores más cercanos:
- Enrique Inzunza Cázarez, actual senador y exsecretario General de Gobierno, acusado de reunirse con líderes del cártel para coordinar planes de apoyo y protección.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, señalado por recibir sobornos mensuales superiores a los 100,000 dólares a cambio de alertar sobre operativos policiales y permitir la evacuación de laboratorios de drogas.
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal General del Estado, quien presuntamente recibía pagos mensuales para proteger a miembros de la organización y filtrar información sensible sobre investigaciones respaldadas por Estados Unidos.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, quien habría entregado al cártel los nombres y direcciones de los oponentes políticos para que fueran amenazados y forzados a abandonar la contienda.
¿Qué cargos enfrentan Rocha Moya y sus colaboradores?
El pliego de cargos incluye conspiración para la importación de narcóticos, específicamente fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, hacia territorio estadounidense. También se imputan cargos por conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Pero hay un punto que duele más: la participación de elementos policiales en actos de violencia extrema. Se alega que, bajo la administración de Rocha Moya, mandos de la Policía Municipal de Culiacán y de la Policía de Investigación estatal facilitaron el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y su familiar en octubre de 2023, en represalia por colaborar con las autoridades estadounidenses.
¿Qué significa esta acusación para el pueblo de Sinaloa?
La fiscalía estadounidense sostiene que esta red de corrupción ha permitido que el Cártel de Sinaloa mantenga un control casi total sobre las agencias de aplicación de la ley en el estado, garantizando la impunidad para sus operaciones y el flujo masivo de drogas hacia las comunidades de los Estados Unidos.
Mientras tanto, el pueblo sinaloense, el que madruga, el que trabaja, el que sufre la violencia, vuelve a ver cómo los que juraron protegerlos aparecen en los papeles como socios de quienes siembran el miedo. La pregunta que queda flotando en el aire es simple: ¿hasta cuándo los de arriba van a seguir jugando con la vida de los de abajo?
Este material fue elaborado con apoyo de inteligencia artificial.