¡Alarma en las escuelas de Baja California! Cada semana se activan 20 protocolos por violencia y amenazas
Tijuana, BC — La realidad que viven las niñas, niños y adolescentes en las aulas de Baja California es más cruda de lo que muchos imaginan. Las autoridades educativas de nivel básico activan, en promedio, 20 protocolos escolares por semana ante situaciones de riesgo que ponen en jaque la seguridad de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
Según datos de la Dirección de Participación Social y Convivencia Escolar, en los últimos tres años se registraron al menos mil 982 activaciones del Protocolo Escolar. Las causas principales: abuso, maltrato infantil, presencia de armas o drogas, y amenazas de tiroteo. Son cifras que duelen y que exigen respuestas urgentes.
¿Qué está pasando en las escuelas de Baja California?
El desglose de los casos es escalofriante. En 2024 se reportaron 857 activaciones; en 2025 fueron 822; y de enero a junio de este año ya suman 303. Es decir, la violencia no da tregua. En secundaria, los motivos más comunes son abuso, amenaza de tiroteo, conducta suicida, presencia de drogas y armas, y violencia entre compañeros. Una realidad que refleja una crisis de cuidado y prevención.
Y ojo, porque no es solo un problema de pandillas o conflictos entre estudiantes. Detrás de estas cifras hay un sistema que, según denuncian abogadas y activistas, tiene un vacío legal enorme. Las autoridades que fallan en proteger a los menores casi siempre quedan impunes.
Propuesta de ley: que paguen con cárcel quienes fallen en proteger a los niños
Ante este panorama, el Colegio de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco A.C. alzó la voz. Propusieron que tanto servidores públicos como ciudadanos que vulneren la estabilidad física y emocional de los alumnos sean castigados con cárcel. La abogada Irma Hernández, titular de la Comisión Penal y Justicia Penal, explicó que urge reformar el Artículo 160 del Código Penal para establecer sanciones de 3 años de prisión y una multa de 50 a 200 veces el valor diario de la UMA. Y si el responsable es un trabajador del gobierno, la pena se incrementa a la mitad más.
“Las sanciones serían para aquellas personas que vulneren los derechos de los menores en escuelas, hospitales o albergues”, detalló Hernández. La propuesta apunta a que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue los casos, y que la iniciativa aplique también para instituciones gubernamentales y familias que no tengan un plan preventivo o no lo apliquen.
¿Y la prevención? Un vacío legal que duele
La presidenta del Colegio, Estefanía Campos, fue clara: “Nos hemos dado cuenta que existe un vacío legal muy importante. Al día de hoy la ley únicamente sanciona cuando tenemos un daño ocasionado, una lesión, una discapacidad, una muerte. Pero qué pasa con las personas o autoridades que son omisas en sus responsabilidades”.
La propuesta ya fue presentada a la diputada Evelyn Sánchez, y se espera que impulse su aprobación en el Congreso local. La idea es obligar a todos los involucrados —desde la Secretaría de Educación hasta la Secretaría de Salud— a cumplir con la protección antes de que ocurra un accidente o desenlace fatal. Porque la burocracia no puede seguir retrasando la atención de las niñas, niños y adolescentes (NNA).
¿Qué se puede hacer desde las comunidades?
Mientras las leyes avanzan, las comunidades escolares no pueden quedarse de brazos cruzados. Organizarse, denunciar, exigir protocolos claros y presionar a las autoridades locales es clave. La prevención comunitaria, los talleres de convivencia y el apoyo psicológico son herramientas que, aunque pequeñas, pueden salvar vidas. En Baja California, la lucha por la seguridad de los niños y niñas es una causa que nos toca a todos.
Foto: EL IMPARCIAL | Noticias de México y el mundo