Fiscalía de Sinaloa Persigue Contrato Irregular de 33 Millones
La Fiscalía de Sinaloa busca procesar al ex alcalde de Ahome por contrato irregular de 33 millones. El caso revela graves violaciones a la ley de adquisiciones y uso indebido de recursos públicos.
Sede de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa donde se desarrolla el proceso contra el ex alcalde de Ahome
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha intensificado su lucha contra la corrupción institucional al solicitar la vinculación a proceso del desaforado alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, por presuntas irregularidades en un contrato millonario que evidencia patrones similares a otros casos de dudosa transparencia en adjudicaciones municipales.
Detalles del Caso
Durante la audiencia inicial celebrada en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria, el Ministerio Público presentó 38 datos de prueba que demuestran irregularidades en un contrato por 33.7 millones de pesos, aprobado en diciembre de 2021. Este caso refleja una problemática sistémica de negligencia institucional en Sinaloa.
Violaciones a la Ley de Adquisiciones
La investigación revela que el contrato con Consultoría Humana Acsora S.A. de C.V. violó flagrantemente la normatividad estatal al superar por más de diez veces el límite permitido para adjudicación directa, establecido en 3.4 millones de pesos. Este patrón de irregularidades recuerda otros casos de cuestionables manejos en proyectos gubernamentales.
Impacto Social y Consecuencias
La empresa consultora cobró 33 millones por apenas un mes de servicios en la recuperación de participaciones federales, un monto que la Fiscalía considera desproporcionado y lesivo para las arcas municipales. Este dinero podría haberse destinado a programas sociales urgentes para la comunidad.
Los recursos públicos deben manejarse con total transparencia y en beneficio de la población, no de intereses privados
Próximos Pasos Legales
La audiencia se reanudará el 8 de octubre, cuando se definirá la situación jurídica de los imputados. Esta es la tercera carpeta judicializada contra Vargas Landeros desde su desafuero, evidenciando un patrón sistemático de presuntas irregularidades en su gestión.