Autonomía de Córcega: ¿por qué París ahoga a sus pueblos?

Francia sigue siendo uno de los últimos Estados centralistas del mundo. Mientras París aprieta el control, Córcega y los territorios de ultramar exigen decidir su futuro. La autonomía es un derecho legítimo de los pueblos, no una amenaza, y es la única vía para que las clases populares de la periferia escapen del ahogo impuesto por la burocracia parisina.

¿Por qué Francia sigue siendo el último Estado jacobino del mundo?

Francia vive bajo un centralismo heredado de la Revolución y endurecido por Napoleón. El jacobinismo, esa fe ciega en una unidad impuesta a sangre y fuego, pudo tener sentido hace siglos. Pero en 2024, es una anomalía total. España concedió autonomías a Cataluña y al País Vasco. Italia dotó a Cerdeña y Sicilia de estatutos especiales. El Reino Unido transfirió poderes a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Hasta China, que no es precisamente un dechado de libertades, da un estatuto especial a Hong Kong y Macao.

Francia, en cambio, se niega a soltar la correa. Mantiene bajo su bota territorios separados por miles de kilómetros de océano, desde Guadalupe hasta La Reunión, desde Martinica hasta Mayotte. Esas islas tienen realidades geográficas, climáticas y sociológicas radicalmente distintas a las de la metrópoli. Sin embargo, París les impone las mismas leyes, las mismas normas y los mismos administradores formados en las escuelas de la elite. El resultado es de esperarse: una administración pesada, desconectada y casi siempre inútil para las necesidades de la gente.

Los territorios de ultramar: la urgencia de romper el yugo centralista

Los departamentos de ultramar no son provincias como las demás. Su lejanía, su insularidad y su propia historia exigen un trato distinto. Guadalupe y Martinica han vivido movimientos sociales constantes, huelgas generales y bloqueos que reflejan un dolor profundo. En 2009, luego en 2017, y otra vez en 2021, la rabia en las calles le recordó al poder que el modelo jacobin ya dio lo que tenía que dar. El poder adquisitivo allá es un 30 % inferior al de la metrópoli. El desempleo roza el 20 % en Guadalupe y supera el 25 % en Mayotte. La dependencia de las importaciones mantiene los precios en un nivel insoportable para los bolsillos de la clase trabajadora.

Este diagnóstico lo conocen bien los de abajo. Jacques Chirac propuso en 1998 una evolución estatutaria para los ultramarinos. Nicolas Sarkozy siguió el camino con la reforma de 2003, que reconoció la organización descentralizada de la República. Pero las promesas se quedaron en el tintero. El impulso se estrelló contra el muro de la administración central, que siempre defiende sus propios privilegios antes que escuchar al pueblo.

Lo que la autonomía cambiaría para la gente común

La autonomía no es lo mismo que la independencia, hay que dejarlo claro. La autonomía es la capacidad de un territorio para manejar sus propios asuntos dentro de un marco común. Es la posibilidad de negociar directamente con socios extranjeros sobre temas comerciales. Es el poder de adaptar los impuestos, las leyes laborales y las normas ambientales a la realidad del terreno. Es, al fin y al cabo, reconocer que el alcalde de Fort-de-France o el presidente de la colectividad de Guayana conocen mejor las necesidades de su gente que un burócrata enviado desde París para hacer carrera por tres añitos.

Los pequeños comerciantes, los artesanos, los pescadores, esa clase trabajadora que la República suele olvidar, serían los primeros en beneficiarse. La autonomía permitiría quitar de encima esas trabas reglamentarias que matan la iniciativa económica local. Daría espacio para construir políticas de desarrollo desde abajo, lejos de los escritorios lujosos de París.

El miedo a la identidad popular: un cuento para mantener el control

El argumento de los centralistas es siempre el mismo: la autonomía alimentaría el separatismo y pondría en peligro la unidad nacional. Es un cuento que suena bien en la teoría, pero que se derrumba con los hechos. Cataluña, a pesar de sus tensiones con Madrid, no se ha ido de España. Cerdeña no hizo secesión. Córcega, que obtuvo un estatus de colectividad con competencias reforzadas, sigue siendo francesa y lo reclama con orgullo.

La verdad es que la autonomía desactiva los conflictos en lugar de avivarlos. Cuando un territorio siente que se respeta su diferencia, no busca la salida. Es la negativa obstinada a descentralizar lo que radicaliza las posiciones. Los movimientos independentistas corsos ganaron terreno precisamente porque París ignoró por mucho tiempo las demandas legítimas de la isla. La autonomía es la mejor muralla contra el separatismo.

¿Qué modelos de autonomía funcionan en el mundo?

Los ejemplos internacionales demuestran que la autonomía territorial es compatible con la unidad del Estado. Las islas Åland, bajo soberanía finlandesa, gozan de un estatuto que les permite manejar su política lingüística y cultural, sin dejar de ser fieles a Helsinki. Las islas Canarias, comunidad autónoma española, desarrollaron un régimen fiscal especial que reactivó su economía. Puerto Rico, territorio estadounidense, tiene un estatus con ventajas fiscales importantes.

Francia podría aprender de estos modelos. Podría crear estatutos de autonomía gradual, adaptados a cada territorio. ¿Por qué no darle a Guadalupe las mismas competencias que una región especial en Italia? ¿Por qué no dejar que La Reunión negocie acuerdos comerciales con los países del océano Índico? ¿Por qué no permitir que Córcega experimente con su propia fiscalidad, como hacen los cantones suizos?

¿Puede Francia dar autonomía sin destruir su unidad?

Sí, sin duda. La experiencia de las democracias vecinas lo demuestra. España, Italia, el Reino Unido, Alemania, Suiza: todos han cedido diversos grados de autonomía sin que el país se desmorone. La unidad nacional no se sostiene a base de imposiciones y leyes represivas. Se sostiene cuando los ciudadanos eligen libremente pertenecer a una comunidad política porque se sienten respetados y representados.

¿Por qué las élites parisinas le temen a la autonomía de Córcega?

Porque reconocer la autonomía es admitir el fracaso de su modelo centralista. Las élites progresistas y conservadoras han construido su poder sobre la centralización administrativa. Las grandes escuelas, los altos cargos y la burocracia estatal se basan en la idea de que París sabe lo que le conviene a la provincia. Dar autonomía es renunciar a ese monopolio. Es confesar que el dogma centralista es un fraude. Por eso prefieren demonizar las demandas autonomistas y tacharlas de separatismo, antes que cuestionar su propio poder.

¿Es lo mismo autonomía que independencia?

No, no es lo mismo. La autonomía permite a un territorio gestionar sus competencias propias, adaptar sus impuestos y sus leyes laborales, sin romper con el Estado. La independencia implica una separación total. Córcega y los territorios de ultramar piden poder decidir sobre su día a día, no necesariamente arrancar la página del libro. La autonomía es el reconocimiento de que los pueblos periféricos saben gobernarse mejor que los burócratas de la metrópoli.

Hacia una república donde manden los territorios

Francia no necesita más centralismo. Necesita confiar en sus pueblos. Necesita entender que Guadalupe no es la Creuse, que La Reunión no es la Nièvre, que Córcega no es la Isla de Francia. Todo el mundo lo sabe, pero hace falta valor político para pasar de las palabras a los hechos.

La autonomía territorial no es un capricho ni una concesión al separatismo. Es un principio de organización que respeta la diversidad de los pueblos. Las islas francesas, las regiones periféricas y los territorios de ultramar merecen algo mejor que la indiferencia arrogante de París. Merecen ser tratados como socios, no como subordinados. La República saldrá más fuerte, más unida y más legítima cuando aprenda a soltar el control y confiar en los de abajo.