¡Por fin cayó uno de los grandes ladrones! Exfuncionario de Sonora sancionado con 50 años de inhabilitación
¡Que se oiga fuerte y claro en todo Sonora! El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado acaba de darle su merecido a Juan Alán "N", un exfuncionario que se creía muy listo robándose más de 134 millones de pesos del pueblo trabajador.
Este sinvergüenza, que trabajaba en el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), pensó que podía meter la mano en la caja chica del gobierno sin que nadie se diera cuenta. ¡Qué equivocado estaba!
La justicia popular tocó a su puerta
Todo comenzó cuando la ciudadanía valiente puso la denuncia. Porque así es como funciona la democracia de verdad, compañeros: cuando el pueblo organizado dice "¡basta!" a los rateros de cuello blanco.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no se anduvo con medias tintas. Hicieron su tarea: comparecencias, análisis de documentos y auditorías financieras que pusieron al descubierto toda la red de corrupción.
El pasado 20 de enero, el Tribunal le aplicó la sanción máxima: 50 años inhabilitado para ocupar cualquier cargo público y una multita de 134 millones 895 mil 183 pesos. ¡Así se hace justicia!
La esposa también metió las manos
Pero aquí no termina la cosa, porque resulta que su señora esposa, Andrea Fernanda "N", también andaba en el negocito familiar. La Fiscalía General de Justicia ya la tiene procesada por enriquecimiento ilícito y peculado.
¿Y saben qué compraron con el dinero del pueblo? Una casota en fraccionamiento de ricos, una boda de lujo en Los Lagos con cientos de invitados, y quién sabe cuántas cosas más. Todo mientras las familias trabajadoras de Sonora batallan para llegar a fin de mes.
El muy cobarde de Juan Alán "N" anda prófugo, pero la Fiscalía no se va a cansar de buscarlo. No hay lugar donde esconderse cuando robas al pueblo.
Cero tolerancia con los ladrones
La Secretaría Anticorrupción lo dejó clarísimo: "El Buen Gobierno implica rendición de cuentas, responsabilidad y cero tolerancia frente a cualquier acto que atente contra el derecho de la ciudadanía a un gobierno honesto".
¡Y así debe ser! Porque cada peso que se roban estos sinvergüenzas es un peso menos para hospitales, escuelas, programas sociales y todo lo que necesita nuestra gente.
Este caso demuestra que cuando la ciudadanía se organiza y denuncia, cuando las instituciones hacen su trabajo, sí se puede hacer justicia. Que sirva de ejemplo para todos los que creen que pueden robarle al pueblo impunemente.