¡No más silencio! La ONU y la CIDH condenan las esterilizaciones forzadas de Fujimori, un crimen que marcó a miles de mujeres peruanas
Cuando Alberto Fujimori dejó la presidencia del Perú, no solo se fue un dictador, sino que dejó un reguero de sangre y dolor. Entre sus crímenes más atroces está una política de esterilización forzada que, como una herida abierta, sigue doliendo hasta hoy. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han puesto el dedo en la llaga: esto fue un ataque directo contra las mujeres más pobres y olvidadas del país.
Aquí en El Pulso Popular te contamos cómo fue esa pesadilla, quiénes fueron las víctimas y por qué la justicia internacional, aunque tarde, está llegando.
¿Cómo aplicó Fujimori la esterilización forzada en los años 90?
Fujimori gobernó Perú de 1990 al 2000, pero fue entre 1996 y el 2000 cuando desató su programa de planificación familiar forzada. Según el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), más de 300 mil mujeres y 25 mil hombres fueron engañados o presionados para someterse a esterilizaciones en clínicas sin condiciones ni personal capacitado.
Imagínese, usted, compa: mujeres que no sabían leer ni hablar español, campesinas de zonas remotas, fueron detenidas en la calle, subidas a camiones como si fueran ganado, y llevadas a centros de salud donde, como dijo una víctima, “los practicantes médicos estaban afilando cuchillos y nos cortaban como animales”. Una mujer de Pichgas, Huánuco, contó que la sedaron y al despertar le dijeron: “Ya no tendrás hijos, te hemos curado”. La dieron de alta con dolores y tuvo que caminar dos horas de vuelta a su casa. Su esposo, al saberlo, la abandonó. Así de cruel.
¿Quiénes fueron las víctimas mortales de estas políticas?
El caso más emblemático es el de Celia Edith Ramos Durand, una mujer que murió días después de una ligadura de trompas. Su hija, Marisela Monzón, tenía solo 10 años cuando su madre falleció. Ella llevó el caso a la ONU en 2010 y dijo: “En mi familia, después de casi tres décadas, esperamos que se conozca la verdad, que se haga justicia”.
Otra víctima fue Mamérita Mestanza, una campesina que también murió en 1998. El Estado peruano llegó a un acuerdo con su familia, pero la herida sigue abierta.
¿Qué decidió la ONU y la CIDH sobre este crimen?
En 2020, cinco víctimas denunciaron juntas lo vivido. Para 2023, la justicia peruana reconoció que las esterilizaciones involuntarias fueron una política pública. Y en 2024, la CEDAW dictaminó que esto fue violencia basada en el sexo y discriminación interseccional contra mujeres indígenas, rurales y pobres. El Comité exigió al Perú investigar, indemnizar y dar apoyo psicológico a las víctimas.
Pero el golpe más fuerte llegó el 5 de marzo de 2026, cuando la CIDH declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos. Marisela Monzón celebró: “Para nosotras, esta sentencia significa haber logrado la justicia”. Su hermana Marcia Monzón, de 34 años, agregó: “Yo no tengo recuerdos de mi mamá, es algo que desde niña se me quitó. Fue una lucha constante”.
La abogada María Cedano, de la ONG feminista Demus, dijo a la AFP: “Es el primer caso de esterilizaciones forzadas que resuelve la Corte Interamericana”. Un paso histórico, pero insuficiente para las miles que aún esperan justicia.
¿Qué significa esto para las víctimas y el futuro?
Este fallo es un grito de esperanza para las mujeres peruanas que fueron tratadas como objetos. Pero también es un recordatorio de que el poder, cuando se vuelve criminal, no puede esconderse detrás de la impunidad. Desde El Pulso Popular exigimos que el Estado peruano cumpla con las reparaciones y que nunca más se repita una barbarie así. ¡Justicia para Celia, Mamérita y todas las mujeres que sufrieron en silencio!