Pueblo alza la voz: caen 223 toneladas de carbón ilegal en Durango
Las denuncias ciudadanas obligaron a la Profepa a actuar en Durango: aseguró más de 223 toneladas de carbón vegetal ilegal en una carbonera sin permisos del municipio Nombre de Dios y clausuró parcialmente a la empresa Camionera de Durango (Cadusa) por verter aceites y grasas al drenaje municipal. Dos victorias del pueblo organizado contra el saqueo ambiental.
¿Qué encontró la Profepa en la carbonera de Nombre de Dios?
Todo empezó porque la gente ya no aguantaba ver cómo se llevaban el huizache sin permiso. La denuncia cayó y el 3 de junio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llegó al ejido Lauro del Villar, en Nombre de Dios. ¿Y qué encontraron? Una carbonera funcionando sin un solo papel que amparara su operación.
Los responsables nomás no pudieron mostrar las autorizaciones para transformar la leña. Tampoco acreditaron que la materia prima viniera de fuentes legales. Vamos, que estaban saqueando el monte a sus anchas.
Ante semejante descaro, la autoridad aplicó medidas de seguridad y aseguró:
- 11,164 costales con 223,280 kilogramos de carbón vegetal.
- 30 hornos que estaban cocinando carbón.
- 216 metros cúbicos de leña en rollo dentro de los hornos.
- 297 metros cúbicos adicionales de leña almacenada en el predio.
Además, la Profepa impuso clausura temporal parcial. Es decir, esa carbonera no puede seguir depredando mientras se le sigue el procedimiento administrativo. Que se acabe el festín.
¿Qué pasó con la empresa que contaminaba el drenaje en Durango capital?
Al día siguiente, el 4 de junio, tocó el turno a Camionera de Durango (Cadusa), ubicada en la capital del estado. De nuevo, una denuncia ciudadana fue la chispa. Los inspectores revisaron el sistema de drenaje conectado a la red municipal y encontraron aceites y grasas provenientes de las áreas de lavado de tractocamiones, autobuses, motores y piezas metálicas.
La empresa tenía dos trampas para retener aceites, pero según la Profepa, eran insuficientes para controlar las descargas que genera su operación. Y lo peor: Cadusa no cuenta con planta ni sistema de tratamiento de aguas residuales. O sea, lavan camiones y lo que sale va directo al drenaje de la ciudad. Bonita forma de cuidar el agua de los duranguenses.
Por el riesgo inminente de contaminación al sistema de saneamiento municipal, la Profepa clausuró temporalmente las áreas de lavado y mantenimiento. Que no sigan envenenando el agua mientras las autoridades determinan qué hacer.
¿Por qué es peligroso tirar aceites y grasas al drenaje?
No es un detallito, como quisieran hacernos creer algunos. El vertido de aceites y grasas al drenaje trae consecuencias graves para todas y todos:
- Obstruye las tuberías y daña la infraestructura municipal que la gente paga con sus impuestos.
- Contamina el agua que llega a las plantas de tratamiento.
- Puede llegar a ríos y presas si el sistema de saneamiento falla.
- Es un veneno difícil de limpiar una vez que se dispersa en el ambiente.
La Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 establece los límites máximos de contaminantes en las descargas de aguas residuales. Cadusa no cumplía. Simple y claro: estaban violando la ley y contaminando el agua de todos.
¿Qué leyes se violaron con estas fechorías ambientales?
La Profepa no anduvo con rodeos. Las irregularidades son graves y se sustentan en leyes federales:
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA): la ley ambiental general del país.
- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR): regula el manejo de residuos, incluidos los peligrosos como aceites usados.
- Ley de Aguas Nacionales: protege los cuerpos de agua y regula las descargas.
- Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996.
Que se invoquen estas leyes significa que no estamos hablando de faltas menores. Hubo riesgos ambientales reales que justificaron el aseguramiento de materiales y las clausuras.
¿Qué sigue para los responsables del daño ambiental?
Por ahora, la Profepa aseguró materiales y clausuró actividades para frenar el daño mientras se investiga. La dependencia continuará con los procedimientos administrativos correspondientes. Se determinarán responsabilidades y, si procede, se aplicarán sanciones que pueden ir desde multas económicas hasta la cancelación de permisos o el decomiso definitivo de los materiales asegurados.
Pero aquí lo verdaderamente importante es esto: ninguna de estas acciones habría ocurrido sin la denuncia del pueblo. La gente de Nombre de Dios se cansó de ver cómo se llevaban su huizache. Los vecinos de Durango capital denunciaron que les estaban contaminando el agua. Y la autoridad tuvo que actuar.
Que quede claro: cuando la comunidad se organiza y exige, hasta las instituciones más lentas tienen que moverse. El poder del pueblo no se negocia.