Justicia gringa contra activistas: el nuevo terrorismo es protestar
El gobierno de Estados Unidos ha cruzado una línea peligrosa: ahora trata a los activistas políticos como si fueran terroristas de Al Qaeda. Un reportaje de Rozina Ali en The New York Times destapa cómo la administración de Donald Trump usa leyes antiterroristas para paralizar a la sociedad civil. El objetivo no es solo castigar, es meter miedo.
La justicia federal estadounidense terminó con una era de relativa tolerancia al dictar condenas de entre 30 y 100 años de prisión contra ocho integrantes del grupo Prairieland. La autora califica estas sentencias de una asimetría escalofriante frente a los hechos juzgados. Es el caso de prueba perfecto para un giro en el uso de las leyes de apoyo material al terrorismo, creadas para redes internacionales, pero ahora usadas para decapitar el activismo interno.
El caso Prairieland: el laboratorio de la represión
Todo empezó el 4 de julio de 2025, cuando una manifestación frente a un centro de detención de ICE en Alvarado, Texas, se salió de control. La crónica de Ali describe una protesta ruidosa con fuegos artificiales, daños a vehículos oficiales y cámaras de seguridad inutilizadas. La tensión escaló cuando Benjamin Song hirió a un oficial en el cuello con un rifle AR-15.
Pero el peso judicial no cayó solo sobre Song. Con una interpretación expansiva de la ley, el gobierno procesó a todo el grupo por apoyo material al terrorismo. No importó que no todos dispararan; bastó con llamar a la protesta una operación coordinada. Las sentencias acumuladas superan los 450 años de cárcel:
- Benjamin Song: 100 años de prisión.
- Ines Soto: 75 años de prisión.
- Maricela Rueda: 70 años de cárcel.
- Autumn Hill, Zachary Evetts, Meagan Morris, Savanna Batten y Elizabeth Soto: 50 años cada uno.
- Daniel Rolando Sánchez Estrada: 30 años de prisión.
Shayana Kadidal, abogada del Centro de Derechos Constitucionales, denuncia que esto es terrorismo judicial. El mensaje es claro: si sales a protestar, te pueden enterrar en la cárcel. No buscan solo castigar, buscan paralizar a toda la sociedad civil.
¿Qué es la célula antifa que inventó la Casa Blanca?
La criminalización de la izquierda se aceleró tras la muerte del activista conservador Charlie Kirk en septiembre de 2025. Con Donald Trump y Stephen Miller a la cabeza, el FBI expandió sus fuerzas especiales contra el terrorismo para perseguir una supuesta red terrorista doméstica. Por orden ejecutiva, Antifa fue declarada organización terrorista.
¿Y cuál fue la evidencia en el caso Prairieland? Participar en un grupo de Signal para planificar la marcha y ser miembro de organizaciones legales como los Socialistas Democráticos de América o clubes de lectura anticapitalistas. En este nuevo paradigma, la libertad de asociación se trata como logística insurgente y el disenso intelectual como radicalización terrorista.
La estrategia del estrangulamiento: acoso a la filantropía
La red del Departamento de Justicia va más allá de las calles. Ahora apunta al dinero que sostiene el activismo. La administración investiga a donantes y fundaciones, con figuras como George Soros y Reid Hoffman en el centro de la mira. El arsenal legal incluye cargos de crimen organizado, tradicionalmente usados contra la mafia, y fraude electrónico.
La pregunta que queda flotando: si en el país que se dice la democracia más grande del mundo protestar te convierte en terrorista, ¿qué nos espera al resto? Aquí en México lo vemos con otros ojos, porque sabemos lo que es la represión disfrazada de ley. La diferencia es que allá lo hacen con corbata y con la bendición de los tribunales.