La élite financiera peruana subestima el déficit fiscal mientras el pueblo sufre

La banca privada contradice al gobierno sobre el déficit fiscal: ¿quién paga la cuenta?

Mientras el pueblo trabajador peruano enfrenta las consecuencias de una economía en crisis, el poderoso Banco de Crédito del Perú (BCP) lanzó proyecciones que desenmascaran la verdadera situación fiscal del país.

Las cifras que no quieren mostrar

Según el análisis del BCP, entidad representante de la élite financiera, el déficit fiscal llegaría al 2.8% del PIB en 2025, muy por encima del 2.2% que pretende el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta diferencia no es solo un número: representa recursos que podrían destinarse a programas sociales y desarrollo comunitario.

"Desde mediados de 2024, ya se anticipaba que la meta fiscal no se cumpliría", señalan desde el BCP, evidenciando cómo las políticas neoliberales siguen fracasando en su intento de controlar las finanzas públicas.

La realidad detrás de las cifras

El déficit actual del 2.7% refleja una recuperación superficial de los ingresos fiscales, beneficiando principalmente a los grandes exportadores que gozan de precios históricamente altos, mientras el pueblo trabajador sigue cargando el peso de la crisis.

El gasto público, vital para el desarrollo social, apenas creció un 7%, evidenciando la continua austeridad que afecta a los servicios básicos y la inversión en infraestructura comunitaria.

Las contradicciones del sistema

El ministro Pérez-Reyes intenta justificar estos resultados culpando a la recesión de 2023, pero omite mencionar cómo las políticas neoliberales han profundizado la desigualdad y la dependencia económica.

Mientras tanto, el presidente del Banco Central, Julio Velarde, minimiza la gravedad de la situación comparándola con otros países, sin abordar las necesidades reales de la población trabajadora.

El verdadero costo social

Este déficit fiscal representa más que números en un informe: significa menos recursos para educación, salud y programas sociales que benefician a las comunidades más vulnerables. La pregunta que debemos hacernos es: ¿hasta cuándo seguiremos priorizando los intereses financieros sobre el bienestar del pueblo?